Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos «Apostolorum Successores»

69. Criterios del ejercicio de la función ejecutiva.

En el ejercicio de la función ejecutiva, el Obispo tendrá presente los siguientes criterios:

a) Hacia los propios fieles, puede realizar actos administrativos también si se encuentra fuera del propio territorio, o si lo están los fieles mismos, a menos que no conste diversamente por la naturaleza de la cosa o por las disposiciones del derecho.(170)

b) Hacia los forasteros, puede realizar actos administrativos, si se encuentran en el territorio de su competencia, en el caso de que se trate de concesión de favores o del acatamiento de leyes, universales o particulares, que se refieran al orden público, determinen la formalidad de los actos, o atañan a inmuebles situados en el territorio.(171)

c) La potestad ejecutiva, no sólo cuando es ordinaria, sino también cuando es delegada para un conjunto de casos, debe ser interpretada en sentido amplio. Cuando es delegada para casos particulares, debe ser interpretada en sentido estricto.(172)

d) Al delegado se entienden concedidas aquellas facultades sin las cuales la misma función no puede ser ejercida.(173)

e) Cuando varios sujetos son competentes para cumplir un acto, el hecho que se dirija a uno de ellos no suspende la potestad de los otros, sea ésta ordinaria o delegada.(174)

f) Cuando un fiel somete un caso a una autoridad superior, el inferior no se debe entrometer en el asunto, excepto por causa grave y urgente. En tal caso debe advertir inmediatamente al superior, para evitar que se verifiquen contradicciones en las decisiones.(175)

g) Cuando se trata de adoptar medidas extraordinarias de gobierno, en casos particulares, el Obispo, antes de cualquiera otra cosa, busque las informaciones y las pruebas necesarias y, sobre todo, en lo posible, se apresure a escuchar a los interesados en la cuestión.(176) A menos que no haya una causa muy grave, la decisión del Obispo deberá ser redactada por escrito y entregada al interesado. En el acto, sin lesionar la buena fama de las personas, deberán explicitarse con precisión los motivos, tanto para justificar la decisión, como para evitar cualquier apariencia de arbitrariedad y, eventualmente, para permitir al interesado recurrir contra la decisión.(177)

h) En los casos de los nombramientos ad tempus, caducado el límite establecido, tanto para la seguridad de las personas como para la certeza jurídica, el Obispo debe proveer con la máxima rapidez o renovando formalmente el nombramiento del titular del mismo oficio, o prorrogándole por un periodo más breve del previsto, o comunicando la cesación del oficio y nombrando al titular para un nuevo encargo.

i) La rápida solución de los asuntos es norma de ordinaria administración y también de justicia hacia los fieles.(178) Cuando la ley prescribe que el Obispo tome medidas en una determinada cuestión o si el interesado presenta legítimamente una instancia o un recurso, el decreto debe ser emitido dentro de tres meses.(179)

j) En el uso de sus amplias facultades para dispensar de las leyes eclesiásticas, el Obispo favorezca siempre el bien de los fieles y de la entera comunidad eclesial, sin sombra alguna de arbitrariedad o favoritismo.(180)


170 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 136.

171 Cf. Codex Iuris Canonici, cans. 136; 13 § 2, 2°.

172 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 138.

173 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 138.

174 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 139 § 1.

175 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 139 § 2.

176 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 50.

177 Cf. Codex Iuris Canonici, cans. 51 y 220. Acerca de los recursos contra las decisiones del Obispo, cf. sobre todo los cans. 1734 y 1737.

178 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 221 § 1.

179 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 57.

180 Cf. Codex Iuris Canonici, cans. 87; 88 y 90.